Un policía admite haber puesto 21 multas falsas al mismo ciudadano en un año

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Un policía local de Castalla (Alicante) ha admitido haber puesto 21 multas falsas entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010 al vehículo del mismo ciudadano, por infracciones que no se habían cometido con la finalidad de causar molestias y perjuicios reiterados.

El acusado tendrá que cumplir 18 meses de prisión, seis años de inhabilitación y pagar una indemnización de 12.000 euros por prevaricación y falsedad documental, después de reconocer los hechos durante el juicio, celebrado este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial por conformidad.
Según el abogado de la victima, Faustino Alonso, el acusado ha reconocido los hechos y ha llegado a una conformidad con las acusaciones por las que ha aceptado las penas en la vista, que ha durado alrededor de una hora y en la que el acusado ha manifestado su arrepentimiento, según ha asegurado el abogado de la acusación.
Según se recoge en el escrito de calificación del ministerio fiscal, el procesado "en el ejercicio de su función, y con pleno conocimiento de su injusticia", llegó a extender al menos 21 denuncias por infracciones del reglamento de circulación contra el vehículo de la víctima, algunas dos veces por los mismos hechos en el mismo día y hora y otras llegando a "alterar el boletín de denuncia haciendo aparecer en él como firmante a un agente diferente".
El abogado de la acusación ha dicho que la actuación del agente presuntamente se debía a una venganza hacia la víctima, que había denunciado previamente al policía por cobrar sobornos para ocultar la celebración de partidas ilegales de cartas, delito de cohecho por el que ya fue condenado, según ha asegurado Alonso.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y cinco años de prisión por el delito de falsedad en documento oficial, pero tras la conformidad finalmente se ha rebajado la inhabilitación a seis años y la prisión a 18 meses más una multa de euros euros diarios durante cinco meses, una indemnización por responsabilidad civil de 12.000 euros y el pago de las costas del juicio.
Así, según ha indicado el letrado de la acusación, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena alegando que el condenado padece una enfermedad y que la condena es inferior a dos años. La Fiscalía se ha adherido a la petición de la defensa y la acusación particular no se ha pronunciado sobre este extremo, según ha explicado.